Artículos recomendados. Sanidad/ Sociedad

En el apartado de artículos recomendados os invito a leer dos. El primero de Juan De Dios Colmenero sobre los conflictos actuales que se están viviendo en la sanidad y en el colectivo médico.

El segundo de Antonio Muñoz Molina sobre la reforma legal del delito de malversación y su impacto en la ciudadanía.

1)

https://www.diariosur.es/opinion/sanidad-publica-encrucijada-20221227000339-ntvo.html

 

La sanidad pública, en la encrucijada

 

 

JUAN DE DIOS COLMENERO. MÉDICO 

 

Corren tiempos convulsos en la sanidad pública. A nuestro sistema sanitario, una estructura tan laboriosamente construida y otrora tan prestigiada, le están saliendo goteras. Una vez completado el proceso de descentralización del Estado y transferidas las competencias en salud a las comunidades autónomas (CCAA), en mayo de 2003, la Ley de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud (SNS) completó nuestro modelo sanitario, definiendo las acciones de coordinación y cooperación necesarias para asegurar la equidad, calidad y participación social en el SNS.

Lamentablemente, los responsables políticos de las diferentes autonomías asumieron con entusiasmo los derechos otorgados, sin prestar demasiada atención a los deberes que en cuanto a cohesión y equidad del SNS, la norma les demandaba. Y así comenzó la politización de la gestión, la duplicación de estructuras, la endogamia en el acceso a las plazas y la desconfianza en los profesionales. Mientras tanto, el Consejo Interterritorial del SNS, responsable de la coordinación sanitaria entre el Estado y las CCAA, era incapaz de consensuar normas comunes en beneficio de todos los ciudadanos. Valga como ejemplo que, pasados 20 años, el SNS no se ha dotado aún de una Historia Clínica Única.

Con estos lastres resulta casi imposible desarrollar armónica y eficientemente el SNS, una estructura enormemente compleja que integra 158.129 profesionales de la medicina y 196.944 de enfermería, con 467 hospitales y 112.225 camas disponibles, 19.277 puestos de hospital de día, 13.096 Centros de Salud y Consultorios, y que en 2021 soportó un gasto anual de 84.506 millones, el 14.4% del gasto público y un 6.6% del PIB.

Desde Madrid a Cantabria, desde Andalucía a Euskadi pasando por Valencia y Aragón, en las últimas semanas hemos asistido a una espiral de huelgas o movilizaciones que denuncian una precaria situación de los profesionales y deficiencias asistenciales, especialmente alarmantes en atención primaria. La sanidad, que debería ser un empeño colectivo protegido por un pacto de estado, se está convirtiendo en un arma arrojadiza, que los partidos no dudan en usar unos contra otros. En un tema tan sensible, esto tiene un efecto demoledor en una opinión pública permanentemente bombardeada con eslóganes simplistas e inducida a pensar que la solución de todos los problemas sanitarios estriba exclusivamente en incrementar la inversión, ocultándole los problemas estructurales y que el nivel de gasto no determina por sí solo ni la salud de la población, ni la calidad global de un sistema sanitario. 

Saber simplificar las cosas complejas es de sabios, pero simplificarlas en demasía es de ignorantes, más aún, siendo obvio que la demanda sanitaria no tiene techo y que la salud en términos absolutos es un objetivo inalcanzable. Estudios rigurosos que han analizado el estado y la sostenibilidad del SNS desde sus diferentes vertientes, concluyen que los principales problemas son las deficiencias estructurales, una errónea dirección estratégica y la falta de visión a largo plazo. Por tanto, para sacar a la sanidad pública del laberinto en el que está atrapada hay que tomar decisiones perentorias. La primera debería ser devolver el protagonismo a los profesionales. Ellos han mantenido el prestigio del SNS y sin su compromiso, ilusión y sentido de pertenencia, ninguna otra medida surtirá efecto. Hay que apostar por la calidad y potenciar la buena práctica clínica, huyendo de los objetivos meramente cuantitativos. Un sistema sanitario debería ser una orquesta que toca la misma partitura y no un conjunto de solistas más o menos brillantes.

Es imprescindible dotar a la atención primaria con los medios para cumplir adecuadamente su amplia cartera de servicios y dar los pasos necesarios para garantizar un relevo generacional ágil de sus profesionales. Sin una correcta vertebración de la atención primaria y la hospitalaria, la eficiencia global del SNS es imposible.

La sanidad es la segunda magnitud del gasto público y, si exceptuamos la gran depresión de 2009-2013, siempre ha mostrado una tendencia al crecimiento. Este incremento no depende tanto del aumento en la longevidad, como de la vertiginosa incorporación de herramientas diagnósticas y terapéuticas de alta tecnología y elevadísimo coste. Como hacen con éxito otros países, es necesaria una evaluación rigurosa y trasparente de las nuevas tecnologías desde agencias independientes.

En el sector sanitario, el factor productivo fundamental es el conocimiento. Parece pues razonable profundizar en la formación, la lucha contra las bolsas de ineficiencia y fomentar la dedicación exclusiva de los profesionales en base a unos contratos, salarios e incentivos adecuados, los cuales deberían estar ligados al desempeño. 

Para lograr un SNS sostenible, eficiente y equitativo, es imprescindible impulsar una educación sanitaria que ayude a los ciudadanos a comprender que mantener permanentemente el porcentaje del gasto sanitario muy por encima del aumento del PIB, compromete su viabilidad y solo es posible restringiendo otros pilares del estado del bienestar.

 

 

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2)

Los malversadores

 

El mal uso del dinero público provoca un rechazo muy hondo que va más allá de consideraciones y preferencias políticas, y puede ser tan ofensivo como el robo descarado, y no es menos grave el perjuicio del bien común

• ANTONIO MUÑOZ MOLINA — LAS OTRAS VIDAS. El País

 

No hace falta creer que este Gobierno aspira a destruir la democracia, o que su presidente lleva camino de convertirse en dictador, para sentir un inmediato rechazo hacia esta reforma del Código Penal que reduce el castigo del delito de malversación casi a una cariñosa reprimenda. Las contorsiones de la prosa jurídica expresan al mismo tiempo confusión y descaro. Las palabras no sirven para explicar ni precisar, sino para encubrir, vanamente, lo que está a la vista, no ya de esos iniciados que saben siempre descifrar lo que otros no vemos, sino a la de todo el mundo. La dama alegórica de la justicia se levanta la venda unos centímetros para guiñar el ojo a los interesados, pero lo hace con tan poca maña, o con tanta desvergüenza, que no hay nadie tan torpe que no se entere de su maniobra. El legislador, para usar ese término impersonal que gusta tanto a los juristas, urde su apaño para favorecer a unos cuantos delincuentes con nombres y apellidos, pero ha de salvar la cara en lo posible con los habituales retorcimientos sintácticos de su oficio, y sobre todo ha de lograr el más difícil todavía de su equilibrismo: que esa indulgencia particular hacia unas determinadas corruptelas políticas no se convierta en coladero general de todas las que se han cometido ya y las que se siguen cometiendo y se cometerán en el provenir.

Quizás en el Gobierno pensaban que el asunto de la malversación provocaría un rechazo tan localizado, y tan pasajero, como el de la sedición. Creo que muchas personas escépticas y a la vez partidarias de la concordia podemos al menos conceder el beneficio de la duda a esas medidas apaciguadoras, y que el indulto a los secesionistas condenados fue un precedente alentador. Pero la malversación concierne al uso del dinero público, y eso provoca un rechazo muy hondo que va más allá de las consideraciones y las preferencias políticas. Cuando la vida es tan difícil para casi todo el mundo, cuando hay tantas necesidades prioritarias que no se pueden atender, el espectáculo de la malversación es tan ofensivo como el del robo descarado, y no es menos grave el perjuicio del bien común. Es sin duda un delito muy serio destinar a una conspiración secesionista fondos públicos que vienen de los impuestos de todos nosotros. Pero el delito cobra su dimensión completa cuando pensamos no ya en qué se gastó, sino en qué podría haberse gastado: cuántas camas de hospital, cuántos puestos de atención primaria, cuántas plazas de profesores, cuántos fondos destinados a la investigación científica y no a la propaganda.

Hay una malversación en el sentido estricto, que merece más castigo y menos indulgencia, y hay otra más general que quizás no pueda calificarse de delito, pero que está en la raíz de nuestra fragilidad institucional: la de esas instituciones o servicios públicos que sostienen la arquitectura de la democracia y la convivencia civil, y que al degradarse por falta de medios o de respeto colectivo o por exceso de interferencia política partidista ya no son efectivas en el cumplimiento de los fines que les corresponden: la igualdad, la justicia, la mejora de la vida, la concordia, el imperio de la ley. El ambiente político español es un despilfarro tóxico de palabrería. El despilfarro de las palabras hace imposible un debate racional sobre los problemas reales que tenemos por delante, y a los que nos enfrentamos con un margen de maniobra muy limitado. El despilfarro de los recursos es una malversación imperdonable porque debilita y hasta socava el funcionamiento mismo de la vida pública y de las energías y las iniciativas particulares.

En cada ámbito de lo público encuentra uno una atmósfera parecida y el mismo tipo aproximado de persona: la atmósfera es de insuficiencia, de penuria, de cosas deshilachadas y gastadas, de desbordamiento; la persona, el servidor público, es competente y vocacional, y aunque es la vocación lo que la sostiene contra viento y marea en su trabajo, cada vez le compensa menos por su esfuerzo, y no le alivia el desgaste. El servidor público es un profesional casi siempre muy cualificado que recibe por norma un salario mediocre y no tiene muchas esperanzas de ascenso, y en muchos casos ni siquiera de estabilidad. Un indicio del deterioro de la Administración en España es la multiplicación de las interinidades encadenadas, los contratos precarios, de duraciones con frecuencia ínfimas, incluso para puestos de gran responsabilidad. La carrera de un investigador científico puede estar tan sujeta a la incertidumbre como la de un auxiliar administrativo o un trabajador de la limpieza. Con esos servidores públicos uno se encuentra en todas partes, en España y fuera de España, en concejalías de Cultura y en sedes del Instituto Cervantes, en bibliotecas, en laboratorios, en dependencias de las instituciones europeas, en centros de salud, en institutos de periferias inmigrantes y obreras, en hospitales, en oficinas donde un trato amable alivia una espera y ayuda a resolver un contratiempo. A muchos de ellos les toca sobrellevar las quejas razonables, la insolencia o la impaciencia de los usuarios, y en ocasiones su abierta agresividad, la exasperación de quien, acuciado por la necesidad, no logra ser atendido. En una Administración ineficiente y mal dotada pueden no funcionar las garantías de la legalidad y al mismo tiempo proliferar las complicaciones superfluas de la burocracia.

Hablando con los servidores públicos se obtiene un diagnóstico sobrio y certero de la parcela concreta de realidad que le corresponde a cada uno, y que conocen mejor que nadie, aunque nadie con capacidad de decisión política acceda a preguntarles nada, ni tampoco les presten mucha atención en los medios. En muchos de ellos —o de ellas, debería decir, porque en casi todas estas profesiones hay ya mayoría de mujeres— se advierte cada vez más un tono de urgencia, y de alarma, una conciencia angustiosa de que el deterioro pueda ser irreversible, de que el declive gradual se convierta en derrumbe. Un ciudadano llama a un teléfono de urgencias o de atención al público y solo escucha una y otra vez, durante horas o días, el mismo mensaje grabado, o no consigue completar un trámite imprescindible porque la única manera de hacerlo es con una soltura digital de la que carece. Derechos cardinales como el de la educación, la salud y la protección de la ley quedan en suspenso cuando por imprevisión o mangoneo o frivolidad política no se da prioridad absoluta al buen funcionamiento práctico de las instituciones que los hacen posibles, que incluye la suficiencia de medios materiales, la organización eficiente y austera y el respeto y el aliento hacia los profesionales que trabajan en ellas. La incuria antigua de unos y otros deja sin medios suficientes a la Administración de Justicia, y el gamberrismo político de la derecha española la socava más todavía al bloquear ilegalmente el funcionamiento de sus órganos de gobierno. 

La mejor reforma educativa, dejando aparte declaraciones de principios y elucubraciones en jerga pedagógica, será la que garantice, gratuitamente, aulas luminosas con pocos alumnos bien cuidados y bien alimentados, con profesores vocacionales y además bien pagados, con buenas bibliotecas y zonas deportivas, con recursos suficientes para atender a emigrantes recién llegados y niños con necesidades especiales. Las oleadas sucesivas de la campaña de vacunación contra la covid mostraron una vez más hasta qué punto formidable puede ser efectivo nuestro sistema de salud pública. Que ahora se encuentre al borde del colapso por falta de medios y de voluntad política es quizás el más grave de todos nuestros delitos impunes de malversación.(Publicado en El País)