"Los Nicolás Monardes no tienen quién les escriba". F. Soriguer

Los Nicolás Monardes no tienen quién les escriba

Federico Soriguer

Médico, Miembro de número de la Academia Malagueña de ciencias

                                                              Nicolás Monardes (Médico y botánico español)1493-1588

“Investigación sumergida” llamábamos a la investigación que hacíamos en los hospitales públicos en la década de los setenta.  Tardaron en llegar tiempos mejores, pero, poco a poco, se fue creando, primero a nivel nacional y luego autonómico, una infraestructura mínima capaz de hacer frente a la gestión de los escuálidos recursos públicos y privados dedicados a investigación. La historia es larga y contarla no es el objetivo de este artículo. Hoy la investigación en España ha mejorado (1,49 % del PIB) aunque estamos lejos de alcanzar la media europea en inversión en ciencia (2,25% del PIB), estando una parte gestionada por las CCAA. En la mayoría de los países la investigación en salud ocupa una parte muy importante de la investigación nacional. También en España y en Andalucía. Aunque sea ocioso recordarlo la investigación científica la hacen los científicos. 

La de científico es hoy una profesión que en España ocupa a 5700 personas/millón de habitantes (INE) (muy por debajo aún de la media europea). Los científicos son trabajadores del conocimiento (“cognitariado” les llamó Román Gubern), un capital humano que en muchos lugares de España carece de buena parte de los derechos que ya alcanzaron el resto de los trabajadores. Es el caso que nos ocupa hoy con los contratos de investigación Nicolás Monardes de la Junta de Andalucía. La creación en los hospitales públicos de las Unidades de Investigación primero, de las Fundaciones después y más recientemente de los Institutos de Investigación, supuso un notable avance en la gestión de los recursos de ciencia en el área biosanitaria.  Gracias a estas estructuras se ha podido coordinar la investigación biomédica de todas las instituciones públicas de una provincia (en Málaga gracias al IBIMA)  y gestionado los recursos y el capital humano (gracias a FIMABIS) que los investigadores en régimen de concurrencia competitiva iban consiguiendo de las  convocatorias públicas nacionales y autonómicas. Por primera vez comenzaba a ser posible iniciar una carrera científica dentro de las instituciones sanitarias. 

Es el caso de las convocatorias Ramón y Cajal o Miguel Servet, entre otras, contratos de investigación nacionales que llevan aparejados, terminado el proyecto, el compromiso autonómico de estabilización laboral.  Para dar satisfacción a este compromiso la Junta de Andalucía crea los contratos Nicolás Monardes, en virtud de los cuales los investigadores que se habían vinculado con proyectos de diferente naturaleza a las instituciones sanitarias públicas andaluzas, estabilizaban su continuidad. Hasta aquí (sin entrar en detalles), solo hay motivos de satisfacción. El problema ahora es que el objetivo de estabilización laboral de estos científicos está lejos de cumplirse. En este momento la Junta de Andalucía está incumpliendo la ley nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación de 2022 por la que se modifica la legislación previa, obligando a los centros a establecer la carrera profesional y la equiparación salarial de los científicos   respecto del personal estatutario del SAS en un plazo de dos años, plazo que ya ha sido ampliamente sobrepasado. 

De hecho, es notorio el agravio comparativo de los investigadores de las Institutos de Investigación Sanitaria, gestionadas por las redes de fundaciones gestoras de la investigación del Sistema Sanitario Público de Andalucía, con los investigadores de centros de investigación pública como las universidades o el CSIC. De hecho, basta entrar en las resoluciones de los contratos Nicolás Monardes para ver como el coste total de los contratos no se actualiza desde 2016. Es más, estos investigadores no gozan ni tan siquiera de un complemento por antigüedad, como el personal del SAS, con el agravante de que en las renovaciones periódicas de los contratos se ha estado procediendo a la eliminación de la antigüedad, algunos ya con más de 20 años en la Fundación correspondiente lo que supone, entre otras cosas, que el sueldo sea exactamente el mismo año tras año, además de la pérdida de derechos adquiridos. 

 Después de más de un año de conversaciones con los gestores de la investigación hospitalaria andaluza, y de haber fracasado la mediación del CMAC, investigadores de las Fundaciones de Málaga, Sevilla y Córdoba, con el apoyo de la Asociación Nacional de Investigadores Hospitalarios (ANIH) han iniciado acciones legales contra la Junta de Andalucía. No parece ajeno a este conflicto el hecho de que en 2023 se hayan modificado los estatutos de las Fundaciones andaluzas de Investigación, autorizando la pérdida de la representación mayoritaria de la administración de la Junta de Andalucía (es decir privatizando la gestión) a pesar de que el 100 % del presupuesto sigue siendo público.  De nuevo los gestores de ciencia parecen olvidar que de todas las inversiones en ciencia la más importante es la del capital humano. No es (solo) un problema de recursos. Se trata de cumplir la ley.  

Además, no es mucho dinero, menos desde luego que el contrato que alguna Fundación ha hecho de servicios de asesoramiento jurídico en materia laboral y que, a la vista de los resultados, más parece que se justifica por dar a las gerencias instrumentos para saltarse la ley que para cumplirla. Las consecuencias de este abandono de los derechos laborales de los científicos son muchas, pero la más visible es que después de casi 15 años, el programa ya no solo es incapaz de atraer nuevos investigadores de prestigio sino de mantener la plantilla existente, pues la tasa de abandono del programa es del 46 %. Es decir, uno de cada dos investigadores del programa de estabilización de científicos de la Junta de Andalucía, termina por abandonarlo para irse a otras instancias donde son tratados con más consideración. 

Históricamente este país y sus políticos han tenido un problema con la ciencia. Pero lo contado arriba no es historia. Está ocurriendo hoy e hipotecando el futuro. Pocos dudan que sin investigación científica Andalucía seguirá siendo el furgón de cola de España. No parece que este maltrato a los investigadores contribuya a la convergencia.