Generación de jóvenes. Precariedad y empobrecimiento

 

Retrato de una generación precaria y empobrecida


Alberto Mesas

Publicado en Contexto (ctxt.es)

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                                   Manifestación por el derecho a la vivienda en Madrid en mayo de 2026. / Redes sociales



Paula G. tiene 31 años y vive con sus padres en Valencia. A pesar de que tiene trabajo, los elevados precios del alquiler hacen que no pueda independizarse. “He compartido piso muchos años con amigos y también con gente desconocida, pero llega un momento en el que te cansas de eso”, comenta. Paula trabaja en una cadena de tiendas de ropa y gana poco más del salario mínimo. “Con lo que gano, me tendría que dejar casi todo el sueldo solo en el alquiler. Luego súmale luz, agua y comer todos los días”.

La crisis de la vivienda en España suele medirse en gráficos de “zonas tensionadas” y porcentaje de sueldo que se le dedica cada mes al alquiler. Sin embargo, detrás de la frialdad de los números subyace una realidad que no aparece tan a menudo en gráficos ni análisis: la del impacto psicológico que el problema de la vivienda está dejando en una generación ya de por sí castigada por las crisis económica, climática, y de incertidumbre vital que han ido encadenando durante los últimos 15 años.

Existe una clara relación entre la actual crisis habitacional y el deterioro de la salud mental y el bienestar psicológico de los jóvenes

Más allá de los malabares con el sueldo, acceder a un sitio digno donde vivir también condiciona la capacidad de planificar el futuro, formar una familia, construir un proyecto de vida o simplemente tener estabilidad en el medio y el largo plazo. Es una de las principales conclusiones del estudio “Equilibristas 2.0. Habitar la incertidumbre: vivienda, juventud y malestar estructural”, que acaban de publicar el Consejo de la Juventud de España, la fundación Fad Juventud y la ONG Oxfam Intermón.

El informe demuestra que existe una clara relación entre la actual crisis habitacional y el deterioro de la salud mental y el bienestar psicológico de los jóvenes en nuestro país, hasta el punto de que el 42 % de las personas de entre 25 y 34 años afectadas por los problemas de acceso a la vivienda percibe su salud mental como regular o mala.

De la generación propietaria a la generación inquilina

Durante décadas, en España la vivienda en propiedad constituyó uno de los principales pilares del modelo residencial. Comprar una casa no era solo la manera de acceder a un hogar, sino también una herramienta de acumulación de patrimonio y una de las principales vías de integración económica de las clases medias. Sin embargo, con la crisis financiera de 2008, ese modelo empezó a experimentar una transformación profunda, especialmente entre la población joven.

La evolución en el mercado de la vivienda durante las últimas dos décadas refleja un marcado cambio generacional. Mientras que en 2007 cerca del 58 % de las personas jóvenes emancipadas residía en una vivienda en propiedad, ahora ese porcentaje apenas llega al 30 % y sigue cayendo. Las generaciones nacidas después de la década de los ochenta son las primeras para las que el alquiler se ha convertido en la opción predominante. En 2025, aproximadamente la mitad de las personas jóvenes emancipadas vivía ya en régimen de alquiler.

El alcance de esta transformación se entiende mejor al observar la evolución de los precios. En la última década, el precio de los alquileres ha aumentado un 77 %, mientras que la renta disponible de los hogares solo ha crecido un 33 %. Esta divergencia ha ampliado progresivamente la brecha entre ingresos y costes de acceso a la vivienda, reduciendo la capacidad de ahorro y haciendo muy difícil afrontar la compra de una vivienda.

La vivienda ha dejado de funcionar como un mecanismo de movilidad social para convertirse en un factor que reproduce desigualdades preexistentes

Hay otro vínculo claro entre el esfuerzo económico destinado a pagar una vivienda y el bienestar psicológico. Entre quienes dedican más del 50 % de sus ingresos al alquiler o la hipoteca, los problemas de salud mental duplican a los registrados entre quienes destinan menos del 30 %. La diferencia refleja que el impacto de la vivienda en la salud mental no depende únicamente de tener un techo, sino también de las condiciones en las que se accede y se mantiene ese alojamiento.

Así, la vivienda ha dejado progresivamente de funcionar como un mecanismo de movilidad social para convertirse en un factor que reproduce desigualdades preexistentes. Mientras que algunos pueden acceder a la propiedad gracias al respaldo familiar, otras permanecen atrapadas en un mercado de alquiler cada vez más inflado. Lo mismo ocurre entre quienes heredan propiedades y quienes dependen exclusivamente de sus ingresos para costearse el techo bajo el que vivir.

Durante décadas se asumió que cada generación viviría mejor que la anterior, y el desarrollo de las socialdemocracias modernas reforzaron la idea. Sin embargo, ese pacto implícito de progreso intergeneracional parece haberse roto. Luis García Tójar, profesor de sociología en la Universidad Complutense de Madrid, razona que “la socialdemocracia era, y es, una barrera contra una cuestión social [la vivienda] que ya amenazaba el orden capitalista en el siglo XIX. En la medida en que esa barrera se va retirando, reaparecen los conflictos previos”.

Tójar expone que en su momento los gobiernos de inspiración socialdemócrata o socialcristiana “invitaron a los trabajadores a convertirse en propietarios de sus viviendas para debilitar la conciencia de clase y la desigualdad social, y funcionó mientras los pobres tuvieron acceso efectivo a la propiedad de la vivienda”. Sin embargo, ahora vuelve a no ser así, y el malestar crece de nuevo entre las clases trabajadoras.

Tener trabajo y seguir siendo pobre

Aunque algunos indicadores han mejorado en los últimos años, el mercado de trabajo continúa siendo un espacio especialmente hostil para quienes intentan iniciar su vida laboral. El paro es el síntoma más evidente de esa realidad. En España, la tasa de paro juvenil es muy superior a la del resto de la población adulta. Desde 2008 no ha bajado del 24 % y se mantiene como la más alta de la zona euro. En esta tasa, las mujeres y la población migrante son quienes registran peores datos.

El mercado laboral para los más jóvenes está marcado por la precariedad, la temporalidad, la sobrecualificación y la parcialidad involuntaria

El problema de la precariedad tampoco acaba cuando se consigue un trabajo. El mercado laboral para los más jóvenes está marcado por la precariedad, la temporalidad, la sobrecualificación y la parcialidad involuntaria. En España, más de la mitad de las personas de entre 25 y 29 años posee educación superior. Sin embargo, ese aumento del nivel formativo no se traduce en una mejora de las oportunidades laborales ni de los salarios. En cuanto a la parcialidad, más de una cuarta parte de la juventud trabaja a tiempo parcial, y de entre quienes lo hacen, el 40 % afirma que desearía trabajar más horas, pero no encuentra un empleo a jornada completa.

Andrés tiene 28 años, un máster y nunca ha firmado un contrato de trabajo. “Cuando acabé la carrera, primero me explotaron como becario pagándome 280 euros y haciéndome trabajar algunos fines de semana, y luego me han seguido explotando como falso autónomo”, relata. Comparte piso en Granada, y confiesa que algunos meses sus padres tienen que mandarle dinero porque no le llega para pagar la cuota de autónomos, el alquiler y los gastos.

Aunque las reformas recientes del mercado laboral han contribuido a aumentar el peso de los contratos indefinidos entre las personas jóvenes, la estabilidad contractual no siempre se traduce en estabilidad vital, ya que los sueldos siguen siendo bajos y no crecen al mismo ritmo que suben los precios, lo que ahonda en esa desconexión entre tener trabajo y acceder a condiciones materiales dignas. Tal y como documentan Oxfam, el Consejo de la Juventud, y Fad Juventud, entre las personas jóvenes que sufren carencia material severa (no poder cubrir necesidades básicas, como comer carne cada dos días), el 63,5 % afirma haber experimentado algún problema psicológico durante el último año.

“Me da mucha rabia cómo te venden que la economía va fenomenal, que hay no sé cuántos millones de personas trabajando y que esto es un edén de derechos y de bienestar”, afirma Andrés. “De acuerdo que sube el empleo, ¿pero qué tipo de empleo? Cuando era becario, yo para el sistema computaba como trabajador cotizante, y ahora que soy autónomo sigo haciéndolo, aunque hay meses que no facturo ni mil euros y no tengo ni vacaciones, ni derecho a baja laboral ni a nada”.

Ir al psicólogo se ha convertido en un lujo

La sanidad pública en España cuenta con menos de seis psicólogos por cada 100.000 habitantes, muy por debajo de la media de la Unión Europea (18), y de la OCDE (26). Desde la pandemia, la demanda de consultas con estos profesionales ha crecido exponencialmente, pero la escasez provoca que, de media, un paciente tenga que esperar un mes para que le den la primera cita, y luego los intervalos se pueden alargar hasta tres meses. 

En lo que a salud mental se refiere, la sanidad pública está colapsada e infradotada, lo que deja fuera a muchas personas que necesitan atención cuanto antes. Según el informe, solo el 17,4 % de las personas jóvenes que acudieron a la sanidad pública declara haber sido atendido por especialistas en menos de 30 días. En cambio, casi la mitad de los casos se resuelven con esperas de entre uno y tres meses, y en el 34,5% la cita tarda más de tres meses.

“Empecé a ir [al psicólogo] en la pandemia”, cuenta Alicia. A sus 26 años lleva cinco haciendo terapia. “Al principio fui al médico de cabecera, pero me dieron cita casi dos meses después, a pesar de que en el informe ponía ‘preferente’”, añade. Alicia arrastra problemas de ansiedad y depresión desde la adolescencia, y asegura que se han agravado desde hace un tiempo. “El estrés con el trabajo, el agobio con el alquiler, los problemas personales… Vivimos en la prisa constante y en la autoexigencia, y eso pasa factura”.

Guillermo Blázquez Alonso es psicólogo sanitario, y lleva casi dos décadas pasando consulta. Admite que en los últimos años ha notado un aumento de pacientes jóvenes cuya fuente de malestar está relacionada con la vivienda y la dificultad para emanciparse. “Parte del sufrimiento que traen a consulta estos pacientes habitualmente tiene que ver con esto, con no poder construir su propio hogar tal y como hicieron sus padres cuando tenían la edad que ahora tienen ellos”.

Blázquez incide en el impacto que ejerce en la autoestima lograr metas vitales como emanciparse, crear un proyecto de vida o conseguir un trabajo: “Nuestra autoestima se sostiene en la consecución de resultados. No poder independizarse implica que puede haber fallas en el desarrollo de la identidad, así como en la idea de tener un propósito vital”. Además, relaciona esta frustración con la aparición y el aumento de otros problemas asociados como la ansiedad y el estrés: “Actualmente las condiciones de vida concretas por el trabajo y la casa califican bastante alto en la genealogía de la ansiedad”, apunta.

En este ecosistema también ha surgido otra nueva forma de desigualdad, la que diferencia entre quienes pueden pagar un psicólogo privado y quienes no. Una sesión con un psicólogo privado cuesta de media 75 euros, lo que para muchos supone una barrera insuperable. De hecho, a cerca del 40 % de los jóvenes que buscan ayuda psicológica los frena el precio. Por tanto, se da la paradoja de que quienes son más vulnerables económicamente son también quienes más problemas de salud mental padecen y quienes menos opciones tienen para tratarlos.

“Está muy bien visibilizar y poner el foco en la salud mental, pero acceder a ella también es un privilegio”, continúa Alicia. “Por suerte, yo puedo pagarme el psicólogo, pero hay muchísima gente que no puede y no va por eso. Todo el mundo debería tener la oportunidad de que lo traten y lo ayuden, porque estar mal psicológicamente es de las peores cosas que le puede pasar a alguien”.

No es solo el alquiler, es la falta de futuro

La vivienda también se ha convertido en un elemento que condiciona la estabilidad vital, la autonomía personal y la percepción del futuro. Ya no es solo vivir en una casa que cada mes se come más de la mitad del sueldo, el problema de la vivienda hace que independizarse sea cada vez más complicado, algo que afecta a la intimidad, las relaciones personales o la capacidad de tomar decisiones independientes, muchos de los factores que marcan la transición a la vida adulta.

En 2025, la tasa de emancipación juvenil se situó en el 15,2 %, el segundo dato más bajo desde que hay registros

Los datos aportados por Oxfam, el Consejo de la Juventud de España y Fad Juventud en el informe reflejan el deterioro continuado de las oportunidades de emancipación durante las últimas décadas. En 2025, la tasa de emancipación juvenil se situó en el 15,2 %, el segundo dato más bajo desde que hay registros. Dicho de otra forma, más de ocho de cada diez personas menores de 30 años siguen viviendo en casa de sus padres. Con todo, salir del hogar familiar tampoco es una garantía de independencia, ya que los datos señalan que más del 87 % de los jóvenes emancipados comparte piso con otras personas.

De nuevo, en el centro de esta situación está el precio del alquiler y el intento de reducir gastos. Los hogares jóvenes destinan de forma sostenida entre el 40 % y el 50 % de sus ingresos al pago de la vivienda, muy por encima del umbral del 30 % que se considera razonable para garantizar la asequibilidad. La situación resulta todavía más extrema entre quienes intentan vivir solos. En los hogares unipersonales jóvenes, el esfuerzo económico supera el 80 % del salario desde 2017, y la tendencia no se reduce.

La emancipación era un paso que marcaba la entrada en la vida adulta. Si cada vez más jóvenes retrasan o dificultan ese paso, cambian también los significados sociales de la adultez y de la autonomía. “Conceptos como infancia o madurez han ido variando a lo largo de la historia”, incide el profesor García Tójar. “En el contexto actual, donde el trabajo ya no da acceso a una forma de vida autónoma, se han convertido en una fuente de anomia y conflictos sociales”.

“Lo que me fastidia es tener que soltarle 600 euros todos los meses a un parásito [su casero] que vive a cuerpo de rey a costa de mi pobreza”, señala Andrés. “Y no creas que vivo en un pisazo, vivo en un zulo sin apenas luz con otras dos personas donde la cocina, por llamarla de alguna manera, ni siquiera tiene extractor de humos”.

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